La alarma social creada por Ana Sala para arremeter contra el Consell del Botánic solo ha evidenciado su propia incapacidad de gestión.

El secretario general y el portavoz del grupo municipal socialista calpino se desplazaron a Valencia la semana pasada para poner solución a la polémica suscitada por la alcaldesa al filtrar los informes policiales.

En la dirección de Servicio Sanitario se ofreció una perspectiva sobre la situación del servicio en los 542 municipios de la comunidad valenciana a la vez que se nos animó a regularizar la relación con la ONG local, que después de un año seguía indefinida y en precario.

La semana pasada la alcaldesa Ana Sala filtró informes internos de la policía local a la prensa, con el único fin de crear alarma social ante una inexistente precariedad de medios sanitarios para cubrir los servicios de urgencias. Dichos informes, junto al interesado escrito de la alcaldesa, no representan un panorama fidedigno del municipio. Ana Sala ha lanzado a la calle un asunto que podría haber resuelto con habilidad negociadora de la que obviamente carece.

Un informe del síndico de Greuges en 2018 dejaba claro que la competencia de las urgencias sanitarias es de Conselleria de Sanidad, entre otras cosas porque dispone en plantilla de facultativos expertos en medicina y en urgencias.  Esta misma ausencia de médicos en la plantilla municipal hace inverosímil que el ayuntamiento pretenda dictaminar sobre asuntos reservados a estos, como es el servicio sanitario de urgencias.

El malintencionado y parcial informe filtrado a la prensa, firmado por la propia alcaldesa, lejos de ser un dictamen técnico, se apoya únicamente en informes de intervenciones policiales que poco o nada tienen que ver con una opinión médica. La desnaturalización de la información publicada, así como la difusión indebida de los datos personales en ellos contenidos podrían poner a la primera edil ante una infracción muy grave (de 50.000 a 100.000 €uros) según su la propia ordenanza municipal sobre transparencia y buen gobierno. Que la publicación se produjera antes de su exposición a la comisión informativa evidencia aún más la mala fe.

Nuevamente, una actuación poco meditada de Ana Sala ha provocado un detrimento reputacional a la marca Calpe, difundiendo en los medios sus propias opiniones en vez de hechos corroborados por un técnico. Su estilo de gobierno en base a escándalos y noticias fáciles está saliendo caro a los calpinos. Calp esta de nuevo en los medios por un despropósito.

LA SOLUCIÓN AL ALCANCE DESDE 2018

Desde el PSOE calpino recordamos a la Sra. alcaldesa que se podría haber evitado este daño reputacional con unas simples gestiones que están sobre la mesa desde hace años.

Actualmente se le está pagando a una ONG local una suma desorbitada de dinero sin haber establecido ningún tipo de relación contractual o conveniada con ellos. Con lo que se efectúan pagos sin la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento, el destino o la finalidad de los fondos públicos.

Por enésima vez se insta al equipo de gobierno a formular un convenio con dicha entidad para poder regularizar la situación y, a su vez, actualizar también del plan municipal de emergencias que ya de por si contempla colaboraciones de este tipo.

Si bien el ayuntamiento carece de competencias en materia de sanidad, sí que las tiene en materia de protección civil, Infancia y Juventud, Salud, Necesidades sociales y atención a personas en situaciones de Riesgo y exclusión social. Recordemos que los servicios sociales del Ayuntamiento también adolecen de carencias y se verían complementados con esta actuación.

El Ayuntamiento puede conveniar dentro de un modelo SIRE (Sistema Integral de Respuesta en Emergencias) la gestión de la población en riesgo o emergencia social. Incluyendo en esta concepción: Infancia y adolescencia, Victimas de violencia de género e hijos/as de violencia de género, personas en pobreza cronificada, afectadas por la crisis o en situación de exclusión social, personas mayores y/o con diversidad funcional en estado de abandono, maltrato y/o soledad cronificada, población en general afectada por una situación de riesgo.

Existiendo un convenio con una entidad capacitada para este tipo de intervenciones sociales, los recursos para soportes preventivos y para asistencias sanitarias estarían vinculados al ayuntamiento de Calp como activos. Bajo el amparo de una relación conveniada dispondríamos de estos activos municipales cuya disponibilidad sería comunicada al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante para su utilización según necesidad y conveniencia.

La solución propuesta no solo reforzaría a los servicios de bienestar social del ayuntamiento sino que también podría unos activos disponibles 24 horas al servicio de las necesidades municipales.

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