SERVICIO DE ALQUILER DE HAMACAS
El mismo día que en un pleno extraordinario se acordaba la pertinencia de no licitar el servicio de hamacas por la situación que concurre, desde alcaldía firmaban una providencia para iniciar el expediente de contratación.
El pasado 31 de julio se debatía la desestimación de una recurso de reposición dónde se esgrimía como argumento principal el estado de saturación extrema en el que se encontraban las playas calpinas.
La situación provocada por la pandemia del COVID 19 obligaba a parcelar las playas y a limitar aforos. Para ello se tomaban al inicio de la temporada las ya polémicas medidas de contratar por 96.000 euros una aplicación que hacía lo mismo que otra que ponía en marcha la Consellería a coste 0. También en la misma línea, para controlar el aforo, se entregaban 180.000 euros, todo por vía de urgencia, a una empresa multiservicio para contratar 20 personas durante 3 meses, otra vez se solapaba la iniciativa municipal con controladores contratados por la Generalitat.
EL PSOE propuso que el dinero se utilizara desde el ayuntamiento para elaborar un plan de empleo que menguara los efectos económicos del COVID a la vez que ofrecía mecanismos para el control de aforo de las playas.
La situación de saturación de las playas ha sido una evidencia constante durante los meses de temporada, llegando a completar el aforo antes de las 12:00 del mediodía, un argumento más que comprensible esgrimido repetidas veces por el concejal de playas para no licitar el servicio de hamacas, que de licitarse, ocuparía una parte importante del aforo.
Pudiendo además producirse una segregación social en la playa según el nivel adquisitivo: para unos acceso gratuito, con colas y acceso restringido y otro acceso prioritario, para los que paguen por las hamacas. Quizás no es la mejor opción para la promoción del municipio.
Es difícil no sorprenderse cuando desde alcaldía, se firma la providencia para iniciar un proceso de licitación por urgencia, el mismo día que en el debate plenario hay un entendimiento de que no sería lo adecuado licitar este servicio por la escasez manifiesta de sitio en las playas.
Más sorprendentes son los argumentos que desde alcaldía se esgrimen para justificar la urgencia, ya que la necesidad de la contratación se motiva «para atender la demanda que se ha recibido a través de los canales de consultas y sugerencias del Ayuntamiento», un argumento inaudito que no especifica, cantidad, metodología, canales ni periodo evaluado.

Nos encontramos ante varios hechos insólitos, no se trata únicamente de un cambio radical en la postura mantenida por la concejalía de playas referente a la negativa de la licitación, sino que se suma la motivación espuria que mantiene alcaldía, basándose en comentarios que le han hecho llegar por vías no definidas claramente. Todo para otorgar derechos de explotación sobre las playas que años anteriores se pagaban a razón de un canon anual de 320.000 euros mientras que esta vez sólo se piden 20.000 euros.
Es otra muestra más del desgobierno, la falta de coordinación y las influencia de actores privados sobre las políticas públicas que afectan a todos los ciudadanos. El resultado de la licitación arrojará luz sobre los principales actores involucrados, pero es inevitable darse cuenta que la política turística es tan deficitaria en su proyección y planeamiento como lo ha sido la urbanística.
Desde el PSOE hemos registrado la petición de un informe exhaustivo que arroje luz sobre las «consultas y sugerencias» que han motivado una licitación por urgencia en unos plazos tan cortos y poco entendibles.