Los juzgados de Alicante ponen fecha a juicio contra Ana Sala
Las acciones de Ana Sala empiezan a tener consecuencias, el juzgado de lo contenciosos pone fecha para el próximo 27 de noviembre al juicio contra el decreto que emitió la alcaldesa en junio de 2021.
Muchos recordarán el exabrupto de la alcaldesa al quitar el sueldo a la oposición, de un día para otro, sin mediar palabra ni con los de su propio equipo. Como se ha podido comprobar en los últimos días, la actitud no representa un hecho aislado .
La Sala primera de los juzgados de lo contencioso administrativo de Alicante ha señalado la vista para la demanda planteada por el Grupo Municipal Socialista. Para el juicio se ha pedido la comparecencia de la alcaldesa así como de los portavoces y agraciados por el posterior reparto que hizo Ana Sala de los sueldos que quitaba a la oposición díscola.
La revocación de los sueldos sucedía como consecuencia de lo que en otros municipios es una normal labor de oposición. Denunciar irregularidades, defensas ideológicas y organización de eventos formaban parte de estas acciones, siempre desde el mayor respeto personal e institucional. El decreto de alcaldía desembocó, a final de ese mismo año y al grito de «la ideología sale cara», en la renuncia a su acta de concejal por parte de uno de los miembros del PSOE. Son estas las situaciones ante las que no cabe la indiferencia.
A parte de ocupar espacio en prensa y gran parte del debate plenario en 2021, también se liberó un vendaval administrativo que proyectó una sombra de prevaricación sobre la decisión de la alcaldesa. Los socialistas recurrieron el acto para forzar a que desde el consistorio se diera al menos una explicación, que no solo sirviera a los concejales afectados sino a toda la ciudadanía calpina. El acto carecía de motivación suficiente convirtiéndose en una cacicada más de las que han perlando el mandato de Sala. Al negarse el ayuntamiento a dar explicaciones no hubo otro remedio que llevarlo a la jurisdicción contenciosos administrativa, descartando, de momento, la vía penal.
La falta de dialogo y motivación, sumando a la unilateralidad del acto, confluye con los recientes acontecimientos. La gravedad de convertir un sueldo público en un instrumento mordaza y no en una retribución justa que otorgue la libertad e independencia hace peligrar los fundamentos constitucionales sobre los que se desarrolla la acción política. La similitud de los hechos abre una puerta judicial a que los concejales cesados del Partido Popular, Domingo Sánchez y Hilde Backaert, se presenten como demandantes para evitar la perversión democrática que pretende normalizarse en Calp.
Si bien el alcalde tiene la potestad de otorgar o revocar los sueldos, no puede ir en contra de acuerdos plenarios ni, mucho menos, ser arbitrario en sus decisiones. El hecho de que los juzgados hayan aceptado la denuncia, señalando fecha para el juicio, confirman la gravedad de los hechos y exponen, aún más, la delicada situación de Sala.
Los socialistas pretenden con esta demanda acabar con la anomalía que supone la utilización del dinero público para la compra de voluntades. Evitar que esta costumbre arraigue en Calp, sentando como prioridad, no la recuperación de los emolumentos dejados de percibir, sino la restauración de una normalidad democrática y un respeto a la legalidad que debiera ser ajeno a las siglas.
