El PSOE Calpino elevará a la agencia valenciana antifraude el escrutinio de las irregularidades del proyecto “Calalga” 

El proyecto entregado al Ayuntamiento y que actualmente se encuentra en exposición pública directamente se atribuye una edificabilidad que no ha sido ni discutida públicamente ni votada por la corporación

  Si el proyecto ya genera dudas entre los entendidos, muchas más entre la población
 Urge actuar ante las presuntas irregularidades que se han apuntado públicamente
 El PSOE abogaría por mantener en propiedad pública los 792 metros y su edificabilidad

Recientemente, la “actuación aislada Calle Ponent 2”, más conocido como “Proyecto Calalga” se ha situado en la agenda pública. Al Grupo Municipal del PSOE calpino se le intentó vender como una operación beneficiosa para el interés público con la que: 1º se recuperaría Vial Público, 2º se ganaría terreno para una plaza pública y 3º se obtendrían unas ganancias que sufragarían la renovación del Club Social “La Manzanera”. En su momento parecía una operación perfecta, no había la menor pega.

Dejando al lado las recientes valoraciones sobre el cuantioso beneficio que supondría la cesión de la edificabilidad adicional (una horquilla de beneficios entre 2 y 6 millones de euros) al PSOE le preocupan las presuntas irregularidades que se han apuntado públicamente, a la vez que comparte la preocupación por el impacto negativo que supone para la imagen de la corporación, el verse el nombre de Calp nuevamente asociado a un escándalo urbanístico.

La ciudadanía no entiende la errática política que se emite desde el Ayuntamiento, que un día paraliza obras y limita alturas, y al siguiente bendice proyectos que rompen la armonía visual costera. Todo ello tomando como rehén la presunta salvación del club Social de la Manzanera que se beneficiaría de los ingresos asociados al proyecto Calalga, una decisión política que resulta ,como poco, cuestionable.

Tampoco se entiende que el proyecto entregado al Ayuntamiento, que actualmente se halla en exposición pública, asuma directamente una edificabilidad adicional que ni se ha planteado públicamente, ni haya sido votada por la corporación.

Como oposición, lejos de judicializar la política, nuestro trabajo es contribuir a garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sector público, y a explicar, si hace falta, las actuaciones municipales. En este caso, por lo forzado de la situación y la cantidad de incógnitas existentes, resulta extremadamente difícil.

Resulta fácil en estas circunstancias esconderse tras tecnicismos y promesas, pero dada la gravedad y la delicadeza de la situación, el urbanismo calpino tiene la obligación y necesidad de ser transparente, conciso y defensor del interés general. Y si el proyecto genera dudas entre los entendidos, muchas más generan entre una población ya de por sí adolecida por el hartazgo, la indignación y el desafecto.

Es por ello, que, desde el PSOE local, entendemos nuestro deber elevar el escrutinio de las denuncias vertidas en las diferentes alegaciones que se han realizado a este proyecto a la Agencia Valenciana Antifraude. Por otro lado, en su turno de alegaciones el PSOE abogará por mantener en propiedad pública los 792 metros y su edificabilidad, actuar dentro de lo marcado por ley y destinar su uso a fines de interés social, como pueden ser el ambulatorio estival, la oficina de turismo del siglo XXI, extensiones administrativas o incluso a instalaciones explotables por terceros.

Las alturas que el edificio proyecta sobre el skyline calpino se alejan de las expectativas iniciales que se dieron desde el Departamento de Urbanismo, rompen la tendencia imperante en la zona y tienen difícil explicación entre la ciudadanía.

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