El PSOE de Calp exige el cumplimiento del dictamen técnico para la desclasificación de los sectores Ráfol I y II, Pla Feliu I y II y Garduix I y II,


La Agrupación socialista calpina entiende que el dictamen del departamento de urbanismo es vinculante y que apartarse de lo que en él se propone supondría un caso flagrante de prevaricación por parte del equipo de gobierno

  • El PSOE opta en sus alegaciones por forzar el cumplimiento literal del dictamen.
  • Las declaraciones de la alcaldesa sobre “no dejar tirados a los propietarios” fueron  tan arriesgados como desafortunados.
  • Una  primera fase implicaría la recalificación a rústica, una segunda su adquisición.

En la sesión plenaria del 14 de septiembre de 2018 se acordó por unanimidad solicitar a los servicios técnicos del Ayuntamiento un estudio de impacto ambiental y económico respecto a la desclasificación de los sectores Ráfol I y II, Pla Feliu I y II y Garduix I y II, para que pasen de ser urbanizables a rurales.

El informe no vio la luz hasta más de un año después, el ayuntamiento del PP bloqueó su publicación hasta finales de Mayo del 2019, evidentemente, cualquier protección medioambiental del territorio era contrario a las intenciones populares y a los planes de fomentar el monocultivo del ladrillo en el municipio de Calp a perpetuidad.

Entendemos que el dictamen técnico, más que una mera sugerencia, marca una obligada línea de acción para el gobierno local que será difícil de eludir por muy hábiles que sean. La convocatoria de participación ciudadan solo ha sido un ardid para ganar tiempo, las declaraciones de la alcaldesa, “que no dejaría tirado a los propietarios”, fue una clara declaración de rebeldía hacía las obligaciones contraídas con la constitución y el ordenamiento jurídico.

El informe hace referencia a la potestad de variar el planeamiento en base a las necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social en el transcurso del tiempo. A la vista queda que el modelo de desarrollo actual y la excesiva presión urbanística a la que se halla sometido el municipio no se adapta al interés público. Si bien, la desclasificación pudiera perjudicar la expectativa de negocio de propietarios (algunos de ellos vinculados al PP calpino), no por ello debe prevalecer esta expectativa por encima del interés público.

La anteposición de los intereses particulares de personas vinculadas directa o indirectamente con el Partido Popular han sido una constante en los 20 años de desmán urbanístico en el municipio de Calp. La larga lista de desastres seguirá incrementándose mientras no haya un cambio de actitud, que observamos necesariamente estará ligado a un cambio gobierno. El incumplimiento sistemático, la interpretación torticera de las normas urbanísticas y la pérdida paulatina de calidad de vida de los calpinos, atestiguan esta línea de actuación que se ha seguido durante todas las legislaturas populares. 

Las alturas descontroladas, la falta de espacios dotacionales y las consecuente precariedad en infraestructura lastran el bienestar que se espera de un municipio de 20.000 habitantes. Las evidentes carencias en materia sanitaria e educacional saltan a la vista en cualquier comparativa intermunicipal. El modelo que prometía prosperidad al final sólo la ha traído miseria.

Esperamos que el PP adopte las decisiones urbanísticas que sean de más interés para el municipio, sin confundir estos con los intereses privados que lleva años defendiendo. No hay otra salida, cualquier desviación de lo expuesto en el informe estaría bajo la amenaza de prevaricación, amén de comprometer en el presupuesto municipal gastos no previstos.

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