¿Episodio final de una cascada de chapuzas?

Una orden de ejecución del juzgado obliga al ayuntamiento de Calp a depositar, en menos de 10 días, la última cantidad pendiente de los despidos del 2012.

Algunos aún se acordarán de los despidos de 2012. Es importante, sobre todo ahora, que por un lado la coalición Ciudadanos PP vuelven a hablar a grandes voces de adelgazar la administración pública, mientras, curiosamente, por el otro lado, comienzan una regularización masiva de todos los empleados municipales que quedaron en la precariedad de indefinidos no fijos. De la ingente y, a veces innecesaria, cantidad de contratas externas, informes a medida y demás servicios, mejor no hablamos.

El último capítulo de aquella historia de hace 10 años vuelve a costar dinero al contribuyente. No debemos olvidar que tras los despidos de 2012, la justicia fue desarticulando uno tras otro los argumentos que en su día el equipo de César Sánchez fue tejiendo para justificar la limpieza de personal no afín. Al final, el Tribunal Supremo dio la razón a los 14 que aguantaron, concediendo nulidad de los despidos, obligando a readmitir, y a pagar 5 años de salarios de trámite. Una seria parte del presupuesto municipal que no se destinó a otra cosa.

Se acumuló una cantidad considerable, unos 600.000 euros en 2017 y otros 200.0000 un año después. Aquellos despidos que pretendían ser objetivos, no lo eran, la administración (o los que la manejaban en ese entonces) hizo todo lo posible por evitar el cumplimiento de la sentencia. Las equivocaciones, los fallos de cálculo y las pérdidas de memoria estaban a la orden del día. Además el PP no toleraría la readmisión, aun obligada por ley, de los que habían desenmascarado la purga política de 2012.

Con recursos y ejecuciones de sentencias la cosa se ha extendido hasta el 2022, donde el juzgado, mediante decreto, obliga al ayuntamiento a desembolsar los últimos 9000 euros, en concepto de intereses de demora a las últimas dos víctimas. Poco es, teniendo en cuenta la barra libre de empleo y la «adecuación de puestos» que ofrece ahora (por imperativo legal) el ayuntamiento de Calp. Funcionarización, de la que evidentemente quedan fuera el 99% de los 82 despedidos del 2012. Qué cosas.

¿Responsabilidades? -Ninguna. Pese a que en los últimos años siguió habiendo sentencias y pagos por los errores repetidos del Ayuntamiento, unos 80.000 adicionales en 2020 y 2021, por calcular mal y por los retrasos, no veremos responsabilidades en ningún sitio. Todo ello que la nueva ley del 2015 es clara sobre el personal al servicio de la administración y de su responsabilidad patrimonial: «cuando se hubiere indemnizado a los lesionados (la administración) exigirá de oficio a sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia».

Esta claro que lo importante no es lo que la ley promete, sino lo que se cumple, en Calp la tradición es escasa, aunque con una tendencia al cambio a medida que se acercan alternativas políticas. Esto trae a la memoria las sabias declaraciones íntimas de un anónimo trabajador municipal que justificaba de esta manera su filiación política: «me hice del PP porque me daban trabajo, y porque si la cago, nadie me dice nada». Y resulta que, esa casi insignificante afirmación, puede resumir la política de Recursos Humanos que dio lugar a la situación que intentamos explicar aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *