El marcado estilo autoritario, el partidismo sectario y los silencios cómplices de los que hace gala el equipo de gobierno de Calp preocupan a la vez que confunden, ¿ha llegado el final un ciclo político?

Se abre una (otra) nueva causa judicial contra las decisiones del Ayuntamiento, en el foco de la sospecha, las licencias urbanísticas concedidas por Ana Sala, después Bernardo Moll, siempre bajo el auspicio de César Sánchez y la vigilante mirada del Arquitecto Manolo Cabrera (interesado en una de las empresas solicitantes a la vez que firmante del proyecto inicial). A fecha de hoy, pocas son las explicaciones dadas sobre el cúmulo de casualidades que hay sobre la mesa y que benefician claramente a reducidos grupos empresariales calpinos.

Como todo, resulta extraño ver la falta de habilidad política del equipo de gobierno, sobre todo en los últimos casos que han provocado una notable agitación entre diversos sectores de la sociedad. La arrogancia siempre ha sido una seña de identidad del Partido Popular, pero, ¿son conscientes de que estamos en precampaña? Al parecer el interés general hace tiempo que dejó de ser el objetivo. Ante la inminente judicialización de las licencias cabe preguntarse sobre quién les está asegurando la impunidad judicial a los implicados.

El ciudadano en general parece haberse acostumbrado a este peculiar estilo de gobierno, consistente en gobernar para un selecto club de “amigos atizadores” a la vez que se ataca “ad hominem” cualquier discrepancia externa. El equipo de gobierno de Calp se ha instalado en el ordeno, mando y censuro sin el más mínimo atisbo de proyección a futuro. ¿Tan seguros están de poder perpetuar su mandato? o acaso ¿están entretenidos porque se consumen en guerras sucesorias?

El efecto de un estilo de gobierno prepotente está más que analizado, logra arengar a los fieles (que lo perdonan casi todo, incluso la destrucción del entorno) a la vez que infunde desánimo y apatía al indeciso. Pero ¿hasta qué punto es efectivo este método? Es más, existiendo alternativas políticas viables en el horizonte es mucho más probable que el discurso de la arrogancia ahuyente a muchos hacia estas alternativas en vez de sumirlas en la apatía como ocurría hasta ahora.

La legislación a medida, la concesión de licencias, la liberalización de alturas del Saladar, el chantaje de los Baños de la Reina y ahora la polémica ordenanza de Caravanas tienen todo el mismo trasfondo, y lejos de beneficiar al municipio en su totalidad, solo genera beneficios a reducidos grupos ampliamente conocidos. Dándole todo a los grandes grupos en detrimento del pequeño y mediano empresario local. Todo estos serían casos aislados, pero contemplados en perspectiva y enlazados en el tiempo confirman lo que algunos informes policiales ya dicen claramente, “la actuación del PP se asemeja más a una organización criminal que a un partido político”. 

Las respuestas, cuando han sido dadas, ni sorprenden ni convencen: acusaciones personales contra los discrepantes, negación de la mayor, proclamas por el interés general en forma de empleos (que nunca se materializan), señalamientos de conspiración hacia cualquier administración del color contrario, amparo en la normativa vigente (que previamente se ha modificado a conveniencia en sesión plenaria).

 

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